A principios de los 90, la pronta ratificación en Chile de la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el año previo generó en el país, tal como en el grueso del continente americano, un proceso de profunda revisión de la forma en que jurídica e institucionalmente nuestra sociedad se relacionaba con sus niños.