Save The Children Colombia, en cabeza de su directora ejecutiva, María Paula Martínez, así como Fonseca y el gobernador encargado del departamento de La Guajira, Jorge Enrique Vélez, hicieron un llamado para que todos los actores de la sociedad asuman a la niñez y la adolescencia como prioridad de la política social y económica en todos los niveles de la gestión pública.
“Esta organización se ha unido a la campaña con el fin de afianzar nuestra tarea de lograr que hasta el último niño y niña afectado por el conflicto armado, pueda ser escuchado de manera efectiva y sostenible por quienes toman decisiones; de manera que sus opiniones sean tenidas en cuenta para contribuir a eliminar las barreras de exclusión que le impiden acceder al cumplimiento de sus derechos”, señaló Martínez en rueda de prensa en Riohacha.
Por su parte, el cantante Fonseca, embajador de buena voluntad de la organización, afirmó: “he decidido comprometerme a contribuir con los esfuerzos que realiza la organización por la promoción y defensa de los derechos de la niñez y en particular por aquellos y aquellas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad y de exclusión. Todos, personas y organizaciones interesadas y comprometidas en contribuir con el desarrollo integral de la niñez de La Guajira, debemos unir esfuerzos para lograr generar cambios sostenibles y duraderos en la vida de los niños y niñas del departamento.
Fonseca, la Gobernación del Departamento y Save the Children Colombia hacen un llamado para aunar esfuerzos hacia el logro del compromiso con la niñez de la región, en los siguientes aspectos:
- Priorizar y actuar sobre la situación de desigualdad, inequidad y abandono que históricamente ha afectado en mayor escala a la población indígena y afrodescendiente de los sectores rurales más remotos de La Guajira, particularmente a niños, niñas y adolescentes.
- Garantizar que cada niño, niña y adolescente en situación de pobreza y pobreza extrema y en contextos de ruralidad mejoren sus condiciones de vida.
- Asegurar que hasta el último niño, niña y adolescente de La Guajira pueda contará con la garantía del derecho a la salud de manera oportuna y con calidad. Es necesario avanzar en políticas de disminución de la mortalidad y morbilidad infantil desde un enfoque étnico, enfatizando en la población indígena rural y afrodescendiente.
- Garantizar la aplicación de tecnologías apropiadas que permitan el acceso y abastecimiento a agua potable segura para los niños, niñas y adolescentes, focalizando políticas de acceso al agua en pueblos indígenas rurales.
- Fortalecer procesos de seguridad alimentaria y formación nutricional contextualizados a la cultura, que permitan el mejoramiento de los estados nutricionales de niños y niñas, particularmente de quienes están en la primera infancia.
- Garantizar que cada niño, niña y adolescente en La Guajira y, particularmente aquellos y aquellas que históricamente han estado más alejados de la acción del Estado, accedan al derecho a gozar de una educación de calidad desde un enfoque étnico que sea pertinente a la cultura, que logre mantener a los niños y niñas en el sistema educativo.
- Garantizar que cada niño, niña y adolescente afectados por situaciones de emergencia humanitaria o por fenómenos naturales, sean prioridad en cuanto a atención, protección y restablecimiento en un plazo no mayor a 30 días de su derecho a la educación. Integrando propuestas pedagógicas que consideren la exposición a riesgos de doble afectación (desastres naturales y conflicto armado) en los ambientes escolares y la implementación de Planes Escolares de Gestión Integral del Riesgo.
- Garantizar que cada niño, niña y adolescente que ha sido víctima del conflicto armado interno y el desplazamiento forzado logren en el marco del reconocimiento como sujetos de derechos la reparación integral y restitución de sus derechos.
- Promover la existencia de ambientes protectores y mecanismos oportunos de restablecimiento de derechos vulnerados por pobreza, violencia, abuso, maltrato y explotación, desde un enfoque étnico.
- Garantizar el ejercicio del derecho a la participación que cada niño, niña y adolescente en los ámbitos privados y públicos.